Bankia desahucia sin previo aviso a una familia de Móstoles

Publicado por Plataforma de Afectados por la Hipoteca Madrid en su web el 18 de Mayo de 2012.

Manuel y Teresa, vecinos de Móstoles, eran conscientes de que Bankia había presentado en el juzgado una demanda de ejecución hipotecaria por impago de las letras de su vivienda. Lo que jamás se les pasó por la cabeza es que el desahucio de esta se podría realizar sin previo aviso. Pero así ha sido y hoy, 18 de mayo, tanto ellos como su hija, se encuentran en una situación de absoluto desamparo: ni siquiera tienen ropa para poder cambiarse. Todos sus enseres y pertenencias siguen en el interior de una casa a la que ayer, sin comunicación previa alguna, Bankia cambió la cerradura. Su casa.

La sorpresa de la hija de Manuel y Teresa fue mayúscula cuando, a su regreso de la universidad, comprobó que su llave ya no servía para abrir la puerta de su vivienda. Tres notas manuscritas y escritas a bolígrafo azul la esperaban pegadas con cinta adhesiva. La primera, con el membrete de la administración de Justicia y firmada por “la comisión judicial”, sin sello alguno ni referencias personales, informaba de la ejecución de una diligencia de lanzamiento “acordada por el Juzgado de Primera Instancia nº5 de Móstoles” a favor de Caja Madrid, considerando los bienes que se encontraban en la vivienda “abandonados”. “El perro ha sido llevado a la perrera municipal” concluía el folio. La segunda nota comunicaba a los desahuciados la manera de acceder a los bienes del interior del inmueble: “si quieren sacar el mobiliario que queda en la vivienda, pónganse en contacto con Legazpi SA. Telf. 916913413”, una empresa de cerrajeros. La tercera y última nota, firmada por “la vecina del 4ºC”, informaba que la habían comunicado que si querían “recuperar al perro debéis ir a la perrera municipal”.

Manuel y Teresa, desempleados de más de 50 años, aún no se creen lo sucedido. Su sensación de indefensión es total. 24 horas después del desahucio y tras pasar la noche en casa de un familiar, aún no han podido recuperar ni una sola de sus pertenencias. Entre estas se encuentra el material de estudio de su hija, que necesita con urgencia para poder preparar sus exámenes. Es evidente que nada de lo que se halla dentro de la casa está “abandonado”.

A vueltas con La Justicia. Tras quedarse en la calle literalmente con lo puesto, ayer por la tarde contactaron desesperados con la PAH y uno de sus abogados, Rafael Mayoral, ante tamaña injusticia, comenzó a recorrer con ellos dependencias judiciales y policiales en un agotador periplo. Antes, recuperaron a su can tras abonar 50 euros en la perrera municipal. A las 22h30 se personaron en los juzgados de guardia de Móstoles pero al estar cerrados, les derivaron a la comisaría de la Policía Nacional, ya que solo la policía puede contactar con el juez de guardia, les indicó un guardia jurado. A través de un funcionario policial, el juez les aseguró que el asunto era civil y que no podían registrar denuncia, de tal forma que los afectados decidieron realizar una comparecencia en la comisaría y regresar a la mañana siguiente a los juzgados de guardia. Esta mañana, sin haber pegado ojo en toda la noche por el inesperado desahucio, acudieron a estas dependencias pero allí les indicaron que el asunto no era importante y que no se turnaría hasta la próxima semana, invitándoles a acudir a los juzgados de primera instancia. ¿No es importante que una familia se quede en la calle sin nada que ponerse? se pregunta la PAH. A continuación afectados y letrado se personaron en el juzgado de primera instancia nº5 para ver la orden de desahucio, que tras mucho insistir les mostraron y pudieron leer en apenas unos minutos. En ella, el abogado de la PAH descubrió que el lanzamiento había sido firmado por la secretaria del juzgado y no por el juez a través de un auto, tal y como es preceptivo. En el tribunal les indicaron además que se habían realizado dos intentos de notificación y ante la ausencia de los demandados se emitió la orden de desalojo a través de edicto municipal. Manuel y Teresa aseguran que no recibieron aviso alguno de estas notificaciones. De hecho, el único aviso que les ha llegado en todo el proceso es el que anunciaba la demanda de Bankia contra ellos. La PAH ha solicitado la nulidad de las actuaciones al entender que se ha realizado una entrada en un domicilio particular sin comunicación previa ni autorización expresa del juez. Además, reclama que Manuel y Teresa vuelvan a disponer de la posesión del inmueble, al menos hasta que organicen su mudanza a una vivienda que deben buscar.

Es evidente que los responsables del juzgado nº5 de Móstoles y la procuradora de Bankia tenían conocimiento de que la casa seguía habitada, pero aún así optaron por ejecutar el desahucio, dejando a una familia en el completo desamparo. Este extremo fue confirmado esta mañana en el juzgado por los propios funcionarios que llevaron a cabo el desalojo de la vivienda, que admitieron ante el abogado de la PAH que cuando descubrieron que la vivienda seguía ocupada y en ella se encontraba un perro, llamaron a su superior para aplazar el desahucio, pero este insistió en que debían ejecutarlo pues “todo está debidamente comunicado”.

Tras presentar los hechos en el juzgado, Manuel y Teresa se pusieron en contacto con Legazpi SA para tratar de recuperar algunas cosas esenciales de su vivienda, a lo que la empresa de cerrajeros respondió que este fin de semana les venía muy mal. A media tarde de hoy, Bankia tampoco había dado ninguna facilidad a la familia para recuperar sus cosas.

La PAH denuncia la absoluta falta de escrúpulos, humanidad y ética de estas dos empresas, así como la actitud de determinados funcionarios judiciales que han dejado en completa indefensión a una nueva familia madrileña. Además, vuelve a reclamar a los poderes públicos medidas para proteger a los hogares humildes y garantizar que nadie se quede en la calle por no poder afrontar una hipoteca. ¡Stop Desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social! ¡Junt*s podemos!

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